La Asamblea de Madrid va a denunciar a Metro en la Fiscalía ante la sospecha de que sus directivos hubieran incurrido en algún delito por su "negligencia" al tardar casi "más de dos décadas" en empezar a tomar medidas preventivas frente a la manipulación del amianto y comenzar su eliminación en estaciones y trenes. Ésta es la conclusión principal del dictamen elaborado por la comisión de investigación del Parlamento de Vallecas.
Según dicho organismo fiscalizador, la compañía pública de transporte no actuó hasta que la Inspección de Trabajo abrió una investigación en 2017 a raíz de la enfermedad de un operario de mantenimiento que durante años había estado inhalando fibras de asbesto, por lo que se considera que incurrió en una "ocultación" del problema. Desde entonces son ya dos los empleados de la empresa fallecidos por afecciones pulmonares y otros dos a los que la Seguridad Social les ha reconocido que padecen una patología derivada de la misma causa que puede tardar más de una década en manifestarse.
La comisión de investigación ha concluido que Metro conocía desde 2003 la existencia de amianto en 115 trenes y 64 estaciones según un informe elaborado por el servicio de Prevención Laboral del suburbano a petición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, las personas que tenían que manipular las piezas no recibieron "material de protección", como mascarillas o trajes especiales.
Entre las recomendaciones realizadas, está la de que se analice "la idoneidad" de los directivos del suburbano para seguir en sus puestos, según ha precisado este viernes el presidente del organismo, José Manuel López. Asimismo, se insta a que se revisen los procedimientos internos para evitar que pueda repetirse una situación de estas características y se ponga en marcha un "plan de formación real" para los trabajadores expuestos a la presencia de dicho material.
Por su parte, el PP va a emitir un voto contrario a estas conclusiones porque entiende que la comisión de investigación ha sido "puramente política" y que el "tripartito" de la oposición se ha unido para que las sugerencias del partido que gobierna en la región "no sean aceptadas".
La Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias penales en marzo de 2018 para determinar si Metro incumplió la normativa en el tratamiento del amianto, que de momento sigue su curso. La investigación se inició a instancias de la Inspección de Trabajo, que denunció un incumplimiento de la normativa de seguridad laboral en el suburbano por el que le impuso una sanción de 191.000 euros.
En paralelo, Argentina está estudiando la posibilidad de denunciar a la compañía madrileña por venderle en 2011 y 2012 dos lotes de trenes que contenían esta sustancia potencialmente cancerígena.
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